El principio ético de justicia hace referencia al acto de procurar un reparto equitativo de los beneficios y cargas, facilitando un acceso no discriminatorio, adecuado y suficiente a las personas y las comunidades a los recursos disponibles, y a un uso eficiente de los mismos.

En República Dominicana, se mantiene un bajo gasto público en salud y una población con un elevado riesgo financiero ante un evento de salud y a pesar de que la población dominicana afiliada al Seguro Familiar de Salud aumentó de 2.5% en el 2005 a 67% en el 2015 y 75% en el 2018. De acuerdo a ENDESA 2013, la población  con menor cobertura a un seguro de salud era la del quintil de riqueza inferior.

Aún con el sostenido crecimiento económico que en las últimas décadas ha mostrado el país, el gasto público en salud se ha mantenido por debajo al 3% del producto interno bruto (PIB), a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sea de al menos un 6%. Para el año 2014, el gasto de bolsillo o el dinero que la población tuvo que pagar directamente ante una enfermedad representó el 21.1% del gasto total en salud; y la mayor carga financiera del gasto en salud la tienen los hogares de los quintiles más pobres (Rathe 2017).

Al analizar la disponibilidad y distribución de los recursos humanos en salud, República Dominicana cuenta con 21.2 médicos por cada 10,000 habitantes; y a pesar de superar el promedio de la Región de Las Américas de 20.7; la mayoría de los médicos se concentran en las grandes ciudades. En cambio la disponibilidad de personal de enfermería (3.8 por 10,000 habitantes) se encuentra muy por debajo del promedio de la Región (50.6 por 10,000 habitantes).

La asignación de los recursos para la salud no debe ser solo el garantizar costo-beneficio y eficacia; es un tema de justicia humana y equidad, donde se da prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad, asegurando que todas las personas pueden acceder a servicios de salud de calidad sin tener que experimentar dificultades financieras y entendiendo que la protección de la salud es más que nada un derecho.

Por: Ricardo Elias Melgen